La caza de brujas en Europa

La creencia en la magia dañina es antigua y se encuentra en muchas culturas. Lo nuevo en la Europa bajomedieval fue la idea de que las brujas no eran solo individuos que maldecían a sus vecinos, sino miembros de una secta secreta juramentada con el Diablo. En el siglo XV, teólogos e inquisidores de los Alpes y de Francia empezaron a describir reuniones nocturnas, llamadas más tarde aquelarres, en las que, según se decía, las brujas adoraban a Satanás y tramaban daños. El Malleus Maleficarum, publicado por el dominico Heinrich Kramer en 1486–1487, reunió estas ideas en un manual para jueces, aunque nunca fue un texto oficial de la Iglesia y otros clérigos lo criticaron.

Esta teoría erudita se encontró con un mundo mucho más antiguo de rencillas de pueblo. La mayoría de los casos empezaban en el ámbito local. Una vaca dejaba de dar leche, un niño enfermaba, una cosecha se perdía, y alguien recordaba una discusión con una vecina pobre, anciana o de lengua afilada. Las acusaciones solían llegar tras años de sospechas. Robin Briggs y otros historiadores han mostrado cómo las tensiones corrientes en torno a la caridad, las herencias y la reputación alimentaron los procesos.

Una vez que un caso llegaba a un tribunal, el procedimiento importaba muchísimo. En el continente, los jueces podían usar la tortura para obtener confesiones, y se pedía a los acusados que nombraran a otras personas a las que hubieran visto en el aquelarre. Así, una sola detención podía convertirse en decenas. En Inglaterra, donde normalmente no se permitía la tortura en estos casos y los jurados decidían la culpabilidad, hubo menos procesos, y a las brujas condenadas se las ahorcaba en lugar de quemarlas.

La caza de brujas atravesó las fronteras confesionales. Príncipes-obispos católicos de Alemania presidieron algunos de los peores pánicos, pero los territorios luteranos y calvinistas también juzgaron y ejecutaron a brujas, y la Escocia protestante tuvo una de las tasas de ejecución más altas de Europa. Reformadores y contrarreformadores predicaban por igual contra el Diablo y exigían un orden piadoso, y algunos historiadores ven los procesos en parte como fruto de esta época de disciplina religiosa. Otros señalan las penurias del periodo, como la guerra, las epidemias y las décadas más frías de la llamada Pequeña Edad de Hielo, cuando las malas cosechas llevaban a la gente a buscar a alguien a quien culpar.

Durante mucho tiempo, los libros divulgativos hablaron de nueve millones de víctimas. Esa cifra se remonta a un autor del siglo XVIII que multiplicó los registros de una región a toda Europa y a muchos siglos; después se repitió sin comprobarla. Desde la década de 1970, los historiadores han estudiado región por región los registros judiciales conservados. Sus estimaciones se sitúan hoy en torno a 100.000 procesos y 40.000–60.000 ejecuciones a lo largo de tres siglos.

La matanza fue muy desigual. Aproximadamente la mitad de todas las ejecuciones tuvo lugar en las tierras de lengua alemana del Sacro Imperio, donde muchos estados pequeños, principados episcopales y ciudades tenían sus propios tribunales y poca supervisión. Tréveris en la década de 1580 y Wurzburgo y Bamberg a finales de la de 1620 vieron cada una cientos de ejecuciones. Escocia, los cantones suizos y partes de Francia también vivieron episodios intensos. En cambio, en Irlanda, Portugal y buena parte de Italia hubo pocas ejecuciones.

Las voces de los acusados se conservan sobre todo en registros hostiles, pero algunas hablan directamente. En 1628, Johannes Junius, antiguo alcalde de Bamberg, logró sacar de la prisión una carta para su hija. En ella escribía que era inocente, que solo había confesado a causa de la tortura y que lo habían obligado a nombrar a otros. Fue ejecutado poco después. Su carta sigue siendo uno de los documentos más conmovedores de la época.

Unas tres cuartas partes o más de los ejecutados eran mujeres, muchas de ellas mayores y pobres, aunque en algunas regiones, como Islandia y partes de Normandía, la mayoría de los acusados eran hombres. Los historiadores debaten hasta qué punto la caza de brujas obedeció a la hostilidad hacia las mujeres como tales. La mayoría coincide en que el género importó, junto con la edad, la pobreza y los conflictos locales.

Los tribunales eclesiásticos desempeñaron un papel menor de lo que suele imaginarse. La Inquisición española, tras investigar un pánico en el País Vasco, aceptó la conclusión del inquisidor Alonso de Salazar Frías de que no había pruebas fiables de que ninguno de los acusados fuera brujo. Desde 1614 impuso normas estrictas que hicieron muy raras las ejecuciones por brujería en España.

Los procesos más conocidos del mundo anglosajón llegaron tarde. En 1692, en Salem Village, Massachusetts, varias muchachas empezaron a sufrir ataques que los pastores y médicos locales atribuyeron a la brujería. Las acusaciones se extendieron por el condado de Essex, alimentadas por las tensiones entre familias, el miedo a la guerra con los nativos americanos en la frontera y un tribunal especial que admitía las «pruebas espectrales», testimonios de que el espíritu del acusado se había aparecido a los afligidos.

Más de 150 personas fueron acusadas. Diecinueve fueron ahorcadas, entre ellas Rebecca Nurse, una respetada anciana miembro de la iglesia, y Bridget Bishop, la primera en morir. Giles Corey, que se negó a declararse culpable o inocente, murió aplastado bajo pesadas piedras, y varias personas más murieron en prisión. A quienes confesaban se les solía perdonar la vida, lo que significó que los ejecutados fueron los que se negaron a admitir algo que no habían hecho.

Las dudas crecieron con rapidez. Destacados pastores, entre ellos Increase Mather, sostuvieron que las pruebas espectrales no eran seguras, y el gobernador puso fin al tribunal especial a finales de 1692. En 1697, la colonia celebró una jornada de ayuno y arrepentimiento, y el juez Samuel Sewall pidió públicamente perdón por su papel. En 1711, la colonia anuló las condenas de muchas de las víctimas y pagó indemnizaciones a sus familias.

La crítica acompañó a la caza de brujas desde el principio. En 1563, el médico Johann Weyer sostuvo que muchas de las supuestas brujas eran ancianas enfermas o trastornadas. En 1631, el jesuita Friedrich Spee, que había oído en confesión a presos condenados, publicó un libro anónimo en el que argumentaba que la tortura haría confesar a cualquiera cualquier cosa. A lo largo del siglo XVII, los tribunales superiores de Francia, el Imperio y otros lugares exigieron pruebas más sólidas y revisaron los veredictos locales, y las condenas cayeron bruscamente.

A comienzos del siglo XVIII, la mayoría de los europeos instruidos ya no creía que la brujería pudiera probarse ante un tribunal. La Ley de Brujería británica de 1736 sustituyó el delito de brujería por el delito menor de fingir el uso de la magia. Aún hubo algunas ejecuciones tardías, como la de la criada Anna Göldi en el cantón suizo de Glaris en 1782; en 2008, el parlamento cantonal la declaró inocente.

El recuerdo ha crecido en las últimas décadas. Ciudades de Alemania y de otros lugares han rehabilitado formalmente a las víctimas, hay monumentos en lugares como Bamberg y Salem, y en 2022 la ministra principal de Escocia presentó una disculpa formal a las personas acusadas en virtud de la Ley de Brujería del país. Los historiadores subrayan que los acusados eran personas corrientes atrapadas en un sistema de miedo, ley y creencia, y que la caza de brujas terminó porque personas de esas mismas sociedades argumentaron, caso por caso, que el sistema estaba equivocado.