La Inquisición

A comienzos del siglo XIII, el papado se enfrentaba a movimientos religiosos populares que consideraba heréticos, sobre todo los cátaros del sur de Francia. Tras la cruzada albigense, el papa Gregorio IX empezó en la década de 1230 a encargar a inquisidores, en su mayoría frailes dominicos y franciscanos, que recorrieran las regiones afectadas. La palabra procede del latín inquisitio, «indagación». Estos inquisidores medievales convocaban a las comunidades, escuchaban confesiones y denuncias y llevaban registros minuciosos. No eran una oficina central única, sino jueces individuales con autoridad papal.

La Inquisición española fue distinta. En 1478, el papa Sixto IV permitió a Fernando de Aragón e Isabel de Castilla nombrar a sus propios inquisidores, y la institución resultante dependió en gran medida de la Corona. Su primer objetivo fueron los conversos, judíos que se habían convertido al cristianismo, a menudo bajo presión tras los disturbios de 1391, y sus descendientes. Muchos cristianos viejos sospechaban que practicaban el judaísmo en secreto. Después de 1492, cuando España expulsó a los judíos que rechazaban el bautismo, el número de conversos creció. Más tarde los tribunales se volvieron contra los moriscos, conversos del islam, contra los protestantes y contra delitos como la blasfemia y la bigamia.

Muchos de los acusados eran personas de medios modestos: tenderos, artesanos, médicos y sus esposas, de quienes los vecinos denunciaban que se cambiaban la ropa blanca los sábados, evitaban el cerdo o encendían velas los viernes por la tarde. Algunos practicaban el judaísmo en secreto, a menudo con gran riesgo; otros eran cristianos sinceros que habían conservado costumbres familiares sin sentido religioso, o que fueron denunciados por rivales. Los registros de los tribunales conservan sus testimonios, y a través de ellos los historiadores pueden oír las voces de mujeres y hombres que intentaron aferrarse a una identidad heredada bajo presión.

Portugal siguió el ejemplo en 1536, y su Inquisición persiguió a los conversos del judaísmo con especial intensidad, con un tribunal en Goa desde 1560. En 1542, el papa Pablo III creó la Inquisición romana para frenar las ideas protestantes en Italia. La dirigía una congregación de cardenales y llegó a conocerse como el Santo Oficio.

El procedimiento inquisitorial era secreto. Al llegar a una ciudad, el tribunal solía proclamar un edicto de gracia, que invitaba a la gente a confesar o a denunciar a otros. Por lo general, a los acusados no se les decía quién había declarado contra ellos, y podían pasar meses o años en prisión mientras avanzaba la causa. La tortura estaba permitida conforme a normas que restringían cuándo y durante cuánto tiempo podía aplicarse, y su fin era obtener una confesión que después debía repetirse libremente. Los registros conservados muestran que se usó en una minoría de casos.

Las sentencias variaban mucho. Muchas personas fueron reconciliadas con penitencias, como llevar una prenda penitencial llamada sanbenito, que después se colgaba en la iglesia parroquial como marca perdurable de deshonra para la familia. Otras recibieron multas, confiscación de bienes, destierro, condena a galeras o cárcel. Quienes eran considerados herejes impenitentes o relapsos eran «relajados» al brazo secular, es decir, entregados a las autoridades civiles para su ejecución, por lo general en la hoguera.

El auto de fe (en portugués, auto-da-fé) era la ceremonia pública en la que se leían las sentencias. Podía incluir procesiones, sermones y la presencia de la realeza, como en el gran auto celebrado en la plaza Mayor de Madrid en 1680. Su propósito era mostrar la autoridad de la Iglesia y la reconciliación de los penitentes. Las ejecuciones tenían lugar después, fuera de la propia ceremonia, aunque en la imaginación popular ambas cosas se fundieron en una.

Durante siglos, la reputación de la Inquisición la forjaron sus enemigos. Los autores protestantes de los Países Bajos e Inglaterra pintaron España como una tierra de crueldad fanática, y en 1817–1818 el antiguo funcionario inquisitorial Juan Antonio Llorente publicó una historia que afirmaba que más de 30.000 personas habían sido quemadas en persona. Esas cifras se repitieron durante generaciones.

A partir de la década de 1970, los historiadores empezaron a contar de forma sistemática los resúmenes de procesos conservados. Gustav Henningsen y Jaime Contreras analizaron unos 44.000 casos de 1540 a 1700 y comprobaron que menos del 2 % terminaron en ejecución en persona. La mayoría de los estudiosos calcula hoy entre 3.000 y 5.000 ejecuciones a lo largo de toda la historia de la Inquisición española, con el mayor número de víctimas entre los conversos en sus primeras décadas. La Inquisición portuguesa ejecutó a algo más de mil personas, y la romana a muchas menos, aunque moldeó la vida intelectual italiana mediante la censura y el Índice de libros prohibidos.

Historiadores como Henry Kamen, que divulgó esta revisión, subrayan que unas cifras más bajas no hacen inofensivos a los tribunales. Miles de personas perdieron la vida, decenas de miles perdieron sus bienes y su honra, y comunidades enteras vivieron bajo sospecha. La Inquisición también impuso las ideas de «limpieza de sangre», que excluyeron durante generaciones a los descendientes de judíos y musulmanes de muchos cargos.

Las Inquisiciones decayeron en el siglo XVIII, a medida que crecía la crítica ilustrada y los Estados asumían más de sus funciones. Portugal abolió su tribunal en 1821. En España, la Inquisición fue abolida por decreto de Napoleón en 1808 y por las Cortes liberales de Cádiz en 1813, restaurada en 1814 y abolida definitivamente en 1834. El Santo Oficio romano continuó como órgano doctrinal; en 1965 pasó a ser la Congregación para la Doctrina de la Fe y, en 2022, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

En 1998, el Vaticano abrió a los investigadores los archivos del Santo Oficio, y un simposio de historiadores examinó la documentación. El 12 de marzo de 2000, el papa Juan Pablo II presidió una liturgia en la que se pidió perdón por los pecados cometidos por cristianos, entre ellos el uso de la intolerancia y la violencia al servicio de la verdad. Desde entonces, España y Portugal han dado pasos para reconocer a los descendientes de los judíos expulsados en el siglo XV.

También hubo oposición en su época. En el siglo XV, algunos eclesiásticos, entre ellos conversos, protestaron porque los nuevos tribunales trataban como sospechosos a cristianos sinceros a causa de su ascendencia. Varios papas recibieron súplicas de conversos y en ocasiones intentaron contener a los inquisidores españoles, con escaso éxito. Dentro de España, ciudades y parlamentos regionales se quejaron de las confiscaciones y del secreto, y en 1485 el inquisidor Pedro Arbués fue asesinado en Zaragoza, un hecho que desencadenó duras represalias. Estos conflictos recuerdan a los historiadores que la Inquisición nunca fue simplemente aceptada; fue objeto de discusión desde el principio.

La Inquisición sigue siendo un poderoso símbolo de la coacción religiosa. Hoy los historiadores procuran verla no a través de la leyenda negra de la polémica protestante ni de la apología defensiva, sino como un conjunto de tribunales con procedimientos reales, límites reales y víctimas reales.